Fiasco del crecimiento económico

Colapso total y estrepitoso del Estado de Derecho para entrar por vía del actual Estado de Sitio a los caminos de la dictadura

Evidenciado el engaño de un crecimiento económico que sólo trae beneficios y riquezas para los explotadores, se descalabra la demagogia del Estado de Derecho y únicamente queda como fruto de todo, su intento por el restablecimiento de una reedición de la dictadura de Trujillo, con la Iglesia Católica siempre a la cabeza

Mientras no haya separación de Estado e Iglesia, la democracia y el Estado de Derecho serán, más que un sueño utópico, una real pesadilla para el pueblo y la nación dominicanos
 

No hay lugar para andarse con engaños ni autoengaños, dejémonos de cuentos de caminos y enfrentemos con valentía y verticalidad la verdad de que, en realidad, lo que Leonel Antonio Fernández Reyna ha impuesto, accediendo sumisamente a los designios de la Iglesia Católica y de los EE.UU., no es otra cosa que un Estado de Sitio, como punto de partida para la instauración de la dictadura, por la que abogan los grupos de verdugos explotadores y opresores que viven parasitariamente del Estado dominicano y a costillas del pueblo trabajador, como son los apéndices de los consorcios monopolistas de la Unión Europea y de los Estados Unidos que, junto con la Iglesia Católica-Vaticano, constituyen el imperio-capitalismo mundial, que imponen el neoliberalismo y la globalización, el que, comprobadamente, ha resultado un fracaso rotundo y que, contrariamente a las villas y castillas, así como a los paraísos de abundancias y bonanzas a su nombre prometidos, dicho neoliberalismo sólo ha traído como resultado el actual incremento de la miseria, mayores niveles de pobreza y ha multiplicado en una carrera de 1 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1,000 los niveles de sufrimientos, de hambre, explotación y opresión del pueblo a manos de los verdugos, de los neoliberales y de sus gobiernos, dos de Leonel Antonio Fernández Reyna y los pálidos pelegatos ’96-2000 y 2004-…, y uno del Perrodé encabezado por el rufián cabecilla de su facción pepegato, Rafael Hipólito Mejía 2000-2004.

Ahora Leonel Antonio Fernández Reyna ya no sólo ha pisoteado los derechos ciudadanos y constitucionales declarando e imponiendo un Estado de Sitio, constriñendo la libertad de tránsito, de movimiento, con redadas, apresamientos ilegales, humillaciones de ciudadanos por agresivos policías y militares con orden y expresas disposiciones siniestras de matar que te asaltan en las calles, te detienen en tu vehículo de transporte, te apuntan a la cabeza con fusiles sobados y con los dedos en sus gatillos, te empujan, te insultan, te manosean, niegan validez legal a los documentos personales que manda la ley para autorizar la actividad que efectúa el ciudadano o la labor que sea, te secuestran tus pertenencias y en muchos casos no vuelven a aparecer jamás, sino que, además de esto, el abogaducho que no pasó en los tribunales de abogado de oficio, y de mala muerte por cierto, alcanzando su máxima posición de abogado sólo como supuesto consultor de Ramón Buenaventura Báez Figueroa, creándole cobertura, además de la jurídica, la del tráfico de influencias como ex-Presidente de la República y Presidente-candidato del Pálido, mientras aquel (Ramón Buenaventura Báez Figueroa) estafaba y arruinaba a depositantes y ahorrantes en Baninter, causando un hoyo o crack financiero nacional de 2,500 millones de dólares (eso de consultor o asesor de tales capos mafiosos, como Ramón Buenaventura Báez Figueroa, en dicho bajo mundo, según ilustra Mario Puzzo en su célebre novela “El Padrino”, es la función de consigliori, un abogado que le cocina las coartadas al capo del grupo mafioso, a la vez que le diseña la estrategia para enseñorear sobre la sociedad sus acciones extralegales, ilegítimas y amorales, con apariencia de todo lo contrario), ahora está reclamando que la Justicia, o sea, el Poder Judicial y todos los jueces, desde los de la Suprema hasta los de los tribunales más inferiores, se pongan de rodillas ante su Estado de Sitio inconstitucional y anti-democrático, violando las disposiciones legales del Código Procesal Penal y actuando a la luz de leyes y códigos secretos, más bien propios de un Estado de Guerra y prohijados por los programas y concepciones terroristas criminales de la banda de Bush y Cheney, denominadas guerras preventivas.