Negativa de instancias judiciales admitir querella familiares Fiscal ejecutado en Puerto Plata

Indicio sólido de crimen de Estado y revela muchas áreas Justicia involucradas como parte ola de ejecuciones y fusilamientos parapoliciales
 

El hecho de que las instancias judiciales del país se hayan negado a dar curso y declarado inadmisible la acusación formal de los familiares de la víctima contra los autores de la muerte por ejecución del Ayudante Fiscal efectuada en Puerto Plata, es tal vez el indicio más sólido de que se trató de un crimen de Estado, orquestado y dispuesto en sus pormenores y culminación de antemano por el gobierno de Leonel Antonio Fernández Reyna, y en el que este mismo personaje no está al margen del hecho, sino que todo luce que es el protagonista principal y cerebro político del mismo.

Los familiares de la víctima, Téodulo Ceballos Peñaló, y sus abogados, entre los que está el conocido Tomás Castro, deben prepararse para, agotados todos los medios en el país, recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y resistir hasta el fin sin desmayar para que Leonel Antonio Fernández Reyna no siga impune, ya que lo que ha llevado a cabo en el país, haciéndose el tonto, el despistado y el pendejito es una verdadera carnicería humana en ambos períodos suyos de desgobierno y depredación, esto es, tanto del ’96 al 2000 como del 2004 a la fecha.

Respecto al fusilamiento del Fiscal de Puerto Plata, Téodulo Ceballos Peñaló, debe subrayarse y difundirse, puesto que el silencio o la indiferencia favorecen que el crimen siga entronizado en el Poder, y para que se vea y se palpe hasta qué punto nos encontramos gobernados por una banda de gángsteres y asesinos, de la que no se sabe hasta qué punto forma parte de la mafia internacional organizada, cuyo centro de mando está, no cabe duda, en el Palacio de gobierno y es bueno que se sepa que el mismo fiscal no fue muerto mientras se resistía a ser apresado ni en medio de un allanamiento en su residencia, como vendió aviesamente la prensa amarilla -véase “Hoy” de esa fecha-, como fue costumbre en época de Balaguer, de lo que el ejemplo más ilustrativo fue la muerte del emepedeista Amín Abel Hasbún a manos del sicario sargento de la P.N. Pérez Olivo, hecho con el que guarda un profundo parecido lo del caso de la presente ejecución del Ayudante Fiscal de Puerto Plata, que se efectuó a las 9:50 p.m., o sea, de la noche, en tanto se desplazaba en su camioneta por la ruta hacia su residencia, a la que ni siquiera llegó, puesto que fue bloqueada la camioneta mientras se desplazaba, detenida y abordada, siendo ejecutado en el acto casi a boca de jarro, y de ahí el tiro en medio de la frente que exhibe el cadáver en cuestión.

La prensa, en particular “Hoy”, demostró tanto su complicidad en el hecho como su carácter de Opus Dei y gobiernista puesto que dijo que el Fiscal fue herido y se encontraba en estado grave cuando la verdad era que los médicos de la Clínica Corominas Pepín de Santiago, se negaron a recibirlo pues ya estaba muerto, habiendo pasado 1 ó 2 horas de ocurrida la ejecución por un escuadrón de la muerte de la P.N. comandado por el ayudante del Procurador General de la República, Bolívar Sánchez (un viejo malandrín embaucador que a Codetel le estafó cerca de 20 millones de pesos con llamadas telefónicas piratas internacionales con una maquinita y por lo que fue sometido a la Justicia) y por el otro ayudante del mismo Procurador General de la República, Frank Soto; ésta es una pareja de iguales valores en ese sub-mundo de depravados, y que para tal fin se disfrazaron de agentes antidrogas.

Fue así como el cadáver tuvo que ser depositado en el Hospital Cabral y Báez, que es propiedad de la Ucamaima y del clan mafioso de Agripino Núñez. Y mientras tanto, esa misma prensa amarilla “Hoy” dijo que estaba en Cuidados Intensivos.

Pero no sólo esto cabe destacarse en este hecho criminal en el que resalta la manipulación y papel de la prensa amarilla Opus Dei como “Hoy”, sino que el escuadrón de la muerte que actuó bajo las órdenes de Bolívar Sánchez y Frank Soto, llegó a Puerto Plata en horas de la mañana y procedió a esperar que cayera la noche para cumplir su labor de sicarios y asesino, tal cual lo hicieron.

Más aún, hay que agregar que la acusación que había en contra del Fiscal ejecutado por sus superiores de la Procuraduría General de la República era de que se había convertido en incontrolable y que, como matón a sueldo, se le había ido (al grupo central del gobierno) de las manos, por lo que desde el mismo Palacio Nacional partió la orden, según informes e investigaciones, de que fueran los de la Procuraduría quienes, con sus propias manos, lo ejecutaran, a fin de darle una advertencia a los demás miembros del Ministerio Público desde la misma Procuraduría General de la República hasta los fiscales de menor rango, para que sepan -nos habría dicho nuestra fidedigna fuente-, buscándose con ello resaltar que esos personajes no tienen libertad de desarrollar el sicariato, o sea, el asesinato por encargo, al margen del centro de mando en estas menudas y pintorescas acciones, que si ya eran comunes al gobierno de Leonel Antonio Fernández Reyna desde el 1996 hasta la fecha a nivel de la población en general, ahora parece que se extiende al seno de los organismos oficiales del Estado.