El dramático cuadro de desamparo de hospitales públicos es propiciado por el gobierno Leonel Fernández para justificar la privatización total del área Salud Pública
Desde que asumiera el Poder el gobierno de turno, éste ha venido aplicando una mortífera línea de abandonar a su suerte a la población pobre, desamparándola como si tuviese la expresa disposición de acabar con la pobreza matando a los pobres.
En el sector de la salud, el gobierno ha dispuesto la desaparición del servicio que ofrecían anteriormente los hospitales públicos, como eran los de consultas gratuitas y facilitamiento a los enfermos de medicamentos considerados de urgencia.
En la actualidad, ni siquiera calmantes ni antidiarreicos, mertiolé ni jeringuillas, lo mismo que gasa ni lo necesario para cirugías menores o de emergencia; todo es imposible suministrarle a los ciudadanos que de forma urgente lo requieren para aliviarle un dolor o salvarle la vida.
El gobierno ha privatizado todos los servicios médicos, haciendo caso omiso de que, con la acentuación descomunal de la miseria y la pobreza de la gente, a ésta se le hace cada vez más difícil tener acceso al derecho a la salud, una vez que maneja menos dinero y tiene menos posibilidades económicas.
Los médicos que laboran en los hospitales públicos sufren lo indescriptible y la impotencia los ahoga cuando no tienen con qué ofrecerles la atención que, en forma desesperada, demandan con todo el derecho los enfermos desamparados que concurren, con carácter de urgencia, a los hospitales públicos en que laboran, con la esperanza de encontrar quien les devuelva la salud perdida.
No pocos médicos reflejan la insoportable situación y con angustia piensan: "En nuestra impotente condición de, por carecer de medios, no poder satisfacer la necesidad del paciente, nos sentimos abatidos y asoma a nuestra mente la interrogante: ¿y para qué estudiamos si no podemos rendir un servicio a los enfermos cuando éstos lo necesitan?
"En tal situación, el único consuelo es saber que no es por nuestra culpa, sino que ello es el resultado de la irresponsabilidad criminal del gobierno PLD, cuyo gobernante desconoce que el primer deber de un gobernante es proteger a sus gobernados, y que el último debía de ser enriquecerse a costa y en perjuicio de sus gobernados.
"Pero los autoconsuelos ya no nos resultan suficientes, y hemos llegado a la conclusión de que si seguimos amparándonos, sin hacer otra cosa, en que no es nuestra culpa esta desastrosa situación que impera en los hospitales públicos, terminaríamos por hacernos cómplices de ella".
Es insólito que el gobierno, sólo para cumplir con los dictados de organismos internacionales, haya querido imponer la privatización absoluta de la medicina y la eliminación sistemática de cada uno de los mecanismos existentes de salud pública u hospitalaria, para lo cual recurre a la implementación de su sabotaje por medio de facilitar su gradual pero firme deterioro.
En los hospitales públicos se ha dispuesto cobrar consultas, cobrar por cama cuando hay internamientos obligados, cobrar por cada análisis, por cada placa, por cada examen, etc., etc., y siempre cobrar.
Pero en tanto se le aumenta en esta forma inhumana, cruel y criminal, los sufrimientos por dolencias y enfermedades a la población, el gobierno da fuertes sumas millonarias como subsidios a empresas médicas privadas que ostentan el engañoso y falso rótulo de patronato privado de beneficencia y de filantropía.
Pero cuando un ciudadano pobre tiene la oportunidad de accesar a esos supuestos centros beneficiados con subsidios gubernamental-estatales, se encuentra con la situación de que está obligado allí a volver a pagar por cada servicio que vaya a recibir.
Así, bajo una bien coordinada estrategia de desamparar en fondos y equipos a los hospitales públicos, en tanto el Estado se los facilita a los centros privados, se le niega la posibilidad de atención médica eficiente al pueblo, se desacredita y se desarticula la práctica de los servicios hospitalarios y médicos en los centros públicos.
El gobierno neoliberal de Leonel Fernández ha repetido las prácticas malsanas de regalarle a sectores privados centros hospitalarios y equipos públicos.
Construye edificaciones con presupuestos abultados con fines de facilitar el enriquecimiento de los encargados de obras otorgadas a sus paniaguados grado a grado, y en muchos de los casos resultan verdaderos desastres, como es el caso de La Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y otros son prácticamente abandonados.
Pero tanto va el cántaro al agua que se rompe. Y es urgente que se haga algo.
No estando en condiciones de hacerse cómplices de estos manejos de contenido francamente genocida, los médicos que laboran en los hospitales públicos están inclinándose por el camino de la lucha junto al pueblo, al que en verdad pertenecen y al que se deben.
La lucha contra la privatización de los centros hospitalarios públicos es un deber y una obligación, que pasa por la exigencia de poner alto al plan gubernamental de la destrucción de los mecanismos públicos hospitalarios y médicos existentes.
La población y todo el movimiento democrático y popular debe luchar contra el deterioro del sector hospital público que impone este gobierno y que trazan los organismos internacionales que actúan al servicio de los países desarrollados y opresores, así como de los monopolios internacionales.