Una reveladora información aparecida el mismo 29 de mayo en el Miami Herald como para que se vea que Trujillo (el dictador asesino) sigue gobernando el país, pone de relieve que la campaña de ejecuciones (fusilamientos) públicas efectuadas por la P.N., sin existir la pena de muerte en el país, es un acto consciente, deliberado y con objetivos ulteriores, entre los que se destaca la finalidad de proseguir con la impunidad de la gran corrupción oficial en la que están involucrados el cardenal López Rodríguez, el Poder Ejecutivo, los partidos tradicionales del sistema, las Cámaras legislativas, la prensa amarilla, y aún más, el mismo candidato electo Hipólito Mejía, quien respaldó y activó en todos los confines del país desde que el Cardenal atizó la cruzada de ejecuciones bajo el sonsonete de mano dura con la delincuencia de baja monta, que se efectúe la danza de la muerte que dios separará a las víctimas inocentes de las que tengan culpa.

El Departamento de Justicia norteamericano había consignado un millón de dólares para asistencia a la Policía Nacional dominicana con fines de crear un cuerpo especial de persecución e investigación de la corrupción administrativa en el Estado dominicano. La ayuda se materializaría salvo que la P.N. dominicana se viera involucrada en actos notorios de violación a los derechos humanos, la Constitución y la ley. Los protagonistas de la corrupción oficial y el séquito que incluye todos los sectores más arriba mencionados dijeron manos a la obra, que no queremos esa ayuda, no me defienda, compadre, que el monto de la corrupción en ejercicio es millones de millones de dólares.

Y ya se conoce que ha sido suspendida la llamada ayuda a la P.N. para la creación del cuerpo policial especial contra la corrupción administrativa del Estado.

Para confirmar no sólo la justeza de nuestra condena a la campaña de ejecuciones sumarias recrudecida por la P.N. bajo Candelier Tejada, sino el contenido del artículo donde decimos (y que de nuevo reproducimos en este número en la Pág. 3) que la denuncia de la violación a los derechos humanos hecha por el Departamento de Estado norteamericano hace poco es un tapón de boca directo al prepotente y arrogante sibarita, el cardenal López Rodríguez, virtual jefe del real escuadrón de la muerte que ha efectuado en ésta su cosecha última más de 500 ejecuciones sumarias y con más de miles de inválidos a consecuencia de balazos deliberados e innecesarios en las piernas de jóvenes ciudadanos, así como de batazos y golpes en sesiones rutinarias de torturas policiales bajo este desgobierno, sino, además, para confirmar nuestra denuncia, acaba de ser formulada la noticia difundida por el Miami Herald respecto a la relación oculta entre esos fusilamientos a la luz del día en plena calle, de un lado, y del otro lado el interés de los politiqueros de que no se creen mecanismos que se especialicen en la investigación de la corrupción estatal, desarrollada ahora a un nivel nunca antes visto bajo el actual gobierno de Leonel Fernández-Pálido. Por algo el aguajero electo Presidente, haciendo alardes y fanfarronería de honestidad, da de nuevo carta de ciudadanía a la impunidad y anuncia su borrón y cuenta nueva.

Tal y como dijimos, ni él ni los sucesivos jefes policiales, mucho menos en el gobierno de Leonel Fernández y ni qué decir de la Iglesia Católica ni de su cardenal López Rodríguez, nunca ha habido interés alguno en contrarrestar de verdad ni a fondo la delincuencia, la corrupción ni nada por el estilo, puesto que los primeros y principales delincuentes son ellos o están a su servicio incondicional.

Cuando el cardenal López Rodríguez, en estrecha coordinación con el gobierno y los partidos PRSC, PLD y PRD, lanzó la consigna de mano dura contra los delincuentes, Candelier dio luz verde para que sus escuadrones de la muerte (en tanto están bajo su estricto mando dentro de la P.N.) empezaran su labor de ejecuciones a plena luz del día bajo el absurdo pretexto de los tristemente famosos "intercambios de disparos". Su relacionador público, cínica y en forma sádica, aparece aún a cada rato con el rostro complacido y con un rictus de malevolencia cubriendo su estúpida faz diciendo: "muertos en intercambio de disparos y la prueba es que tenían fichas de delincuentes" (recuérdese lo de los tres primeros muertos después de lo de la mano dura del Cardenal).

Claro, esto fue autorizado por el Poder Ejecutivo directamente a través del actual presidente fantoche Leonel Fernández y del vicepresidente Fernández Mirabal (del que Fidelio Despradel es asesor personal y colaborador íntimo).

Ahora bien, puede comprobarse que tan pronto el cardenal López Rodríguez dio la bendición pariendo la orden de mano dura como en aquella cruzada contra los albigenses hiciera el enviado papal en Francia, Hipólito Mejía, Ramón Alburquerque, Tony Raful y otros especímenes semejantes del mismo PRD secundaron la orden de muerte indiscriminada, y no hicieron caso ni les importaron los hechos y pormenores que se colaban a través de las informaciones de testigos presenciales. Su coraza mercenaria ante la corrupción y la politiquería recubierta con sus hipócritas creencias religiosas les hizo repetir: "que sea dios quien juzgue y establezca en el más allá si eran inocentes o culpables". Pero, además, esa actitud adoptada por tales sujetos refleja sus reales planes a ser llevados a cabo, ahora que serán gobierno.

En la información que ofrece el Miami Herald se subraya que el encargado del Departamento de Justicia, que fue quien sirvió la información, explicaba agregando que del millón de dólares de asistencia a la P.N. dominicana, el grueso estaba dirigido más que a cualquier otra cosa a financiar el entrenamiento de un cuerpo que se especializaría en la investigación de la corrupción al nivel de la administración pública y sus actividades colaterales.

De esto estaba debidamente informado tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, como las cúpulas dirigenciales de los tres partidos tradicionales y, sin embargo, se pusieron de acuerdo, a través del cardenal López Rodríguez y la prensa amarilla, para montar la pantomima de "mano dura con la delincuencia" en tanto no sólo saboteaban toda preparación contra la alta corrupción gubernamental, sino que la fundamentaban y reforzaban las bases que les garantizaran toda la impunidad necesaria.

Y es dentro de estas perspectivas siniestras muy claramente definidas que se inscriben las tretas a favor de la corrupción que desde ya se visualizan tratará de aplicar el recién electo Hipólito Mejía, aun cuando todavía no ha asumido la Presidencia del país.

El gobierno de Leonel Fernández-Pálido dejará el Poder con ese saldo de más de 600 ejecuciones sumarias efectuadas por el escuadrón de la muerte policial, cuya Jefatura se reparten Sanz Jiminián y Candelier Tejada.

Pero la paternidad de la iniciativa recae sobre el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, cómplice de toda la corrupción y la criminalidad imperantes en el país, lo mismo que los directivos de los tres partidos del sistema, entre los que descolló el flamante electo nuevo Presidente Hipólito Mejía, hecho a tener muy en cuenta por la ciudadanía.