Los tribunales policiales son un adefesio propiciado por el Vicariato Castrense y la mentalidad fascista de los curas vicarios en su manipulación de la soberanía estatal dominicana para invalidarla y someterla a sus caprichos retardatarios

La Suprema Corte de Justicia está en el deber de reivindicar la soberanía plena del Poder Judicial atropellado y sometido por genízaros policiales y militares

La Suprema Corte debe declarar ya como inconstitucionales los llamados tribunales policiales

Hay que destacar que la trama consiste en socavar la eficacia de la justicia civil, que es la justicia constitucional. Esa forma hipócrita y taimada de corroer y corroer un Estado soberano hasta su descrédito e ineficacia totales es propia de la mentalidad del cristianismo apostólico y romano, cuya especialidad en perfidia está en manos de la orden jesuita.

El caso de que cuando un policía mata a un civil luego de éste estar apresado, ese asesino es enviado a un llamado Tribunal Policial, muestra el olímpico desprecio de parte de esa institución coercitiva y, sobre todo, de quienes la dirigen, hacia el ser humano y hacia la vida civil, laica o secular.

Para ellos lo que está en discusión es si falta a la disciplina y reglamento de esa institución represiva y opresiva, demostrando así que no les importa el orden basado en la ley, en la Constitución ni en la Justicia.

Por el contrario, a la sociedad lo que le importa es que el orden se base y se fundamente en las leyes y la Constitución y, en consecuencia, que cuando un policía asesine a un ciudadano, sea un tribunal competente en la ley y la Constitución el que juzgue si se cometió o no un crimen contra el occiso y que en dado caso, sería contra la sociedad.

Para ilustrar el asunto, tomemos el caso de la venta del terreno donde opera el Colegio San Pedro Apóstol en San Pedro de Macorís, por parte de los capuchinos a los Almacenes Iberia. Y frente al que el cardenal López Rodríguez, por vía de su delegado en San Pedro de Macorís, que es el obispo Osoria, dicen que la venta no es válida.

Para sustentar sus alegatos peregrinos, el flamante cardenal y su delegado comercial y espiritual, que es el obispo Osoria, alegan que el caso hay que juzgarlo desde el punto de vista del llamado derecho canónico, que es un derecho de exclusiva incumbencia dentro del seno de la transnacional católica apostólica y romana.

En cambio, Almacenes Iberia, a través de sus abogados, sustenta que nada de eso. Que se trata de un negocio en la sociedad capitalista. Y por lo tanto, son los tribunales civiles, como la Cámara Civil y Comercial, los que deben juzgar el hecho, como en efecto se ha hehco.

La Iglesia y los curas deben dejarse ya de querer narigonear la sociedad laica.

Igualmente la Policía Nacional, si quiere servir a la sociedad, que es quien le paga, que asuma la defensa y aplicación de la ley de la sociedad, y no un reglamento de una institución antisocial que más semeja a un agrupamiento de matones.

¡¡Zapatero, dice el refrán, a tus zapatos!!