El fascismo en los EE.UU. es un hecho

En una edición anterior, con toda certeza afirmamos que el gobierno de Bush estaba adoptando el fascismo como su línea de acción sobre toda la vida nacional norteamericana.

Al resaltar que esta situación no era más que el desenlace de todo un proceso que tuvo un punto crucial en la fractura, mediante el fraude efectuado en las pasadas elecciones presidenciales de ese país, fraude del que saliera electo George Bush.

Si se llega a creer que el fascismo es una consecuencia de los acontecimientos estremecedores del 11 de septiembre, se estaría cometiendo un grave error de unilateralidad y superficialidad, puesto que con esa falsa interpretación se estaría levantando una muralla china entre la realidad económico-social y política interna de un país dominado en forma absoluta por los monopolios internacionales y la práctica que de esa realidad surge y se desarrolla.

Con el predominio de los monopolios, la democracia política es necesariamente desplazada por el interés exclusivo de los monopolios y se impone el fascismo.

Ahora, un columnista del New York Times acaba de publicar un interesante artículo titulado "Bush, con poderes dictatoriales", del cual nos permitiremos transcribir a continuación las siguientes partes, por ser las de más interés general, citamos:

"Mal aconsejado por un Procurador frustrado y preso del pánico, un presidente de los Estados Unidos acaba de asumir lo que se traduce en poderes dictatoriales para encarcelar, o ejecutar a extranjeros. Intimidado por los terroristas, e inflamado por una pasión hacia la justicia brutal, estamos permitiendo que George W. Bush se salga con la suya al reemplazar el Estado de derecho norteamericano por los tribunales de guerra.

"En su infame orden de emergencia, Bush admite haber descartado "los principios legales y las reglas de la evidencia" que sostienen el sistema jurídico en Norteamérica. El ha asumido el poder de pasarle por encima a los tribunales y establecer sus propios tribunales de guerra, paneles de oficiales que juzgarán a los no ciudadanos sobre los que el presidente solamente necesita alegar que "tiene razones para pensar" que son miembros de organizaciones terroristas. Su tribunal irregular puede ocultar evidencia citando la seguridad nacional, hacer sus propias reglas, hallar culpable a un acusado aunque una tercera parte de los oficiales estén en desacuerdo, y ejecutar al extranjero sin que una corte civil revise el caso".