Las prácticas a todas luces de extorsión de la ciudadanía que lleva a cabo la institución represiva en el área del transporte, denominada AMET, responden al esquema gubernativo de Rafael Hipólito Mejía de esquilmar al pueblo en forma cada vez más despiadada y más sistemáticamente.

AMET, que dirige el responsable de más de 2,000 ciudadanos ejecutados por escuadrones de la muerte policiales, por encima de la Constitución y las leyes vigentes, el general llamado Pedro de Jesús Candelier, semanalmente impone, sólo en la ciudad capital, unas 6,000 multas de tránsito, con la confiscación y secuestro de los vehículos correspondientes, lo que obliga al uso de sus grúas.

Esas acciones le reportan un monto de unos 3 a 5 millones de pesos semanales al gobierno de Rafael Hipólito Mejía como ingresos fiscales, de los cuales le da una parte del botín a la gente de AMET y al general de horca y cuchillo, Pedro de Jesús Candelier.

No cabe duda de que el móvil de esas acciones represivas está bien distante de crear un sano ambiente de respeto a la ley, o bien de un orden moral, por parte de los conductores de vehículos de motor; del mismo modo que los famosos intercambios de disparos, con los que Candelier asesinó a más de 2,000 ciudadanos desde el 1998 hasta este año 2002, en el que fue desplazado de la Jefatura de la P.N., no buscaron volver más respetuosa de la ley a la ciudadanía ni mucho menos poner coto a la delincuencia, ya que esas acciones en sí, perpetradas por AMET a nombre de la ley, son actos delictivos y transgresores hasta de la Constitución de la República.

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