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La crisis energética y el abuso contra el pueblo se basan en la corrupción y lacayismo tanto del gobierno como de los tres partidos PRSC, PRD y PLD
De todo lo que se ha dado a conocer a la opinión pública respecto a la llamada crisis energética, a las negociaciones o más bien entendidos entre el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y las famosas distribuidoras (antros de ladrones desalmados), así como de las plantas productoras de energía eléctrica, sólo ha venido quedando en claro que las distribuidoras gozan de absoluta impunidad, que actúan como juez y parte haciendo lo que les da la gana, cometiendo todo tipo de abusos y atropellos, no sólo en cuanto a los cortes de electricidad con carácter masivo para zonas, barrios y áreas, que luego cobran aún a precios más altos que la misma electricidad, sino también en lo concerniente a las facturaciones y multas a los clientes por parte de esas leoninas empresas del ramo eléctrico. En forma desaprensiva y deliberada, el sirviente o muchacho de mandados de la casa de Rafael Hipólito Mejía, colocado por éste en la administración de la CDE, nos referimos al señor César Sánchez, declaró que, por su parte, ya habían concluido los acuerdos del gobierno con las productoras de energía eléctrica, pero no habiendo tocado el asunto de las distribuidoras y su abuso a los consumidores de electricidad, esto es, la relación entre los pulpos monopolistas extranjeros Edenorte, Edesur y Edeeste, de un lado, con la población del otro lado, que, a nadie le quepa duda, es el asunto más álgido y peligroso para el pueblo de la cuestión energética o de electricidad lo que falta por resolver. Que las distribuidoras se valgan de una burocracia compuesta por dominicanos y dominicanas desalmados y prostituidos que le sirven lacayuna y servilmente, así como de unos cuantos delincuentes, a los que llaman sus inspectores, para justificar sus intereses -los de la empresa- imponiéndole factura hasta de 5 mil pesos a casas de familia con apenas dos bombillos e imponiéndole tarifa comercial a casa de familia por el simple hecho de tener objetos eléctricos que en la vivienda estén almacenados y sin funcionamiento alguno, es cosa común y corriente. En la zona de Villa Carmen hay un delincuente inspector de apellido Ruiz que un día la población tendrá que darle su justo merecido. Los casos en que Edesur, Edeeste o Edenorte hacen firmar a ancianos documentos autoacusándose de tener fraude en su vivienda son comunes, como se comprueba en Gazcue. Las distribuidoras montan contadores sin la supervisión de DIGENOR, con lo que violan la ley. Se trata de aparatos de segunda mano, que habiendo cumplido su vida útil, son reparados por las mismas distribuidoras e instalados sin el visto bueno de DIGENOR. Esos aparatos se desbocan tan pronto baja el voltaje, y como el gobierno y el sirviente de la casa de Rafael Hipólito Mejía, es decir, César Sánchez, el nombrado flamante administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, son sobornados por las distribuidoras, éstas hacen y deshacen a su antojo contra la ciudadanía. El papel del gobierno, de la Superintendencia de Electricidad y de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) es en realidad servir de agentes de las distribuidoras. La población está en pleno derecho de protestar por todos los medios a su alcance por la grosera forma en que es expoliada y abusada por los agentes monopolistas y lacayos redomados del gobierno que encabeza Rafael Hipólito Mejía.
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