La condición jurídica del Concordato es la nulidad de pleno derecho, al igual que el Vicariato Castrense, una vez que contravienen tanto el espíritu como la letra de la libertad de creencia e ideológica que postula, con toda claridad y sin lugar a dudas, la Constitución vigente. Y no sólo en este aspecto de ésta, sino que contradicen todos los demás postulados democráticos y hasta el mismo Estado de Derecho por el que propugna dicha Constitución.

Los dominicanos deben saber que el Concordato y el Vicariato Castrense prácticamente hacen nulos muchos artículos consignados en la actual Constitución, y con los que se pretende consagrar derechos democráticos hasta configurar, en base a ellos, un Estado de Derecho.

En el artículo 8 de la Constitución actual se consagra la libertad de conciencia y de culto.

Sin embargo, resulta que en la República Dominicana no se permite, de hecho en forma arbitraria e ilegal, la instalación de hornos de cremación de cadáveres humanos, por disposición del Concordato y otros acuerdos entre el Estado dominicano y la Iglesia Católica.

Eso de la prohibición de la cremación de los cadáveres hasta reducirlos a una pequeña cantidad de polvo, es una de las supersticiones y dogmas de la creencia cristiana que, siendo una verdadera estupidez, se convierte en un instrumento de coacción y represión no sólo contra la libertad de creencia, sino hasta contra las religiones como las hinduista y budista, que propician la cremación de los cadáveres, es decir, de los muertos.

Que a nadie le quepa duda, el Concordato y el Vicariato Castrense son especie de una cárcel espiritual que le es impuesta al pueblo, pero que a la vez le sirve a la Iglesia Católica y a los curas para vivir de parásitos de la sociedad y la nación, al tiempo que Iglesia Católica y curas coartan y pisotean tanto los derechos democráticos como los preceptos constitucionales, a la vez que propician las actividades represivas de las autoridades contra el pueblo.

Volver a la Página Principal