Ya está anunciado que entró en vigencia plena, empezando en la región Suroeste, la llamada Ley de Seguridad Social, a partir del 1ro. de Noviembre. De hecho, los médicos de Salud Pública que prestan servicio en lo que fueron los hospitales públicos quedarán cesantes. Estos ascienden a un total de cerca de 3,200 médicos, sin contar el personal paramédico, de enfermeras, camilleros y demás, que corren la misma triste suerte.

Pero lo peor es que los que logren ser empleados por los centros médicos privados creados sobre las ruinas del sistema hospitalario estatal, no tendrán definido ni el nivel de salario fijo a percibir, así como tampoco lo que les pagarán por consultas.

La población del país no debe amilanarse ante la noticia de la privatización de los hospitales públicos a partir del primero de noviembre; la población no debe permitir que le despojen de lo que le pertenece, como son los hospitales públicos, ni tampoco aceptar que el gobierno deje de cumplir con su obligación de dar asistencia médica y medicina gratuita a la población, como lo consigna la Constitución de la República en su Art. 8, acápite 17.

Que nadie se quede con un enfermo en su casa esperando que se le muera. Ciudadano, coge de inmediato para el hospital público más cercano y exige que como sea se le den atención médica y medicina gratis.