Alrededor de los llamados Oficiales del Estado Civil hay un gran revuelo en todo el país, ya que la Junta Central Electoral (JCE), o sea los jueces componentes de ésta, se aprestan a nombrar un total de 50, en sustitución de otros tantos que serán desplazados, por el negocio y los cuartos que el desplazamiento y los nuevos nombramientos acarrean para los círculos de los jueces de la JCE.

La cuestión de los Oficiales del Estado Civil tiene importancia no sólo por el monto de lo que cada uno percibe por los diferentes actos que el juez civil legaliza o instituye como funcionario civil, sino porque es de su responsabilidad la expedición o facilitamiento de las actas de nacimiento que, como es sabido, el país y la suerte de la nación dominicana está sometida a una gran presión por parte de fuerzas recolonizadoras como los Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Italia, Alemania, etc., para facilitarle la nacionalidad dominicana a cerca de 1 millón de haitianos, como punto de partida para terminar otorgándole nuestra nacionalidad a los 12 millones de haitianos, y así producir la fusión domínico-haitiana.

El obispo José Dolores Grullón de San Juan de la Maguana, que es parte del clan familiar de Rafael Hipólito Mejía y del pernicioso proyecto reeleccionista, es el activista número uno de la alta jerarquía católica que aboga por la haitianización de la nación dominicana. Y para tal fin exige y chantajea, con el apoyo de Rafael Hipólito Mejía, de que se le entreguen actas de nacimiento a los millones de haitianos residentes en forma ilegal y como instrumentos de opresión a favor de la fusión con Haití en el país.

Los miembros de la Junta, que en orden del 80% de sus integrantes son PPgatos de Rafael Hipólito Mejía o que responden a los planes neoliberales alrededor de los que están su totalidad sin ninguna excepción, han estado agitando la cancelación de los viejos Oficiales del Estado Civil y en su lugar nombrar nuevos, no por la necesidad de tener un cuerpo de esos que sean celosos cumplidores de la Ley y de la nacionalidad, sino para servirse en sus mezquindades y bajas pasiones con la cuchara grande, o sea, para meter en el oficialato civil a familiares y allegados por el monto de los cuartos a manejar sin importarles un carajo las cuestiones de fondo.

Los que la JCE recién nombró fueron sacados a la fuerza de las oficinas correspondientes y amenazados con ser expulsados de allí si vuelven a ocupar esos locales. A las oficinas los rebeldes les colocaron candados, causando gran revuelo.

Sin embargo, ante la ocurrencia de estos feos sucesos, los miembros de la JCE no han hecho más que reafirmar su disposición autoritaria y arbitraria, reconfirmando los nombramientos imprudentes, y advirtiendo que una vez tomada una decisión por parte de la JCE no puede la misma ser cambiada, puesto que ya fue tomada. Sin mucho esfuerzo se ve que en los integrantes de la JCE lo único que prima es el apandillamiento alrededor de las podridas cosas que en todo momento propician. Es realmente grave el asunto de la presente JCE.

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