P. N. acentúa condición de fuerza represiva estatal que comete crímenes sin sujeción a la ley y son sus propios generales quienes la autodefinen como institución mercenaria al servicio exclusivo de los capitalistas

Generales de la P.N. Martes Matínez y Pérez Sánchez ni siquiera por demagogia hablan de la sociedad, el orden y la ciudadanía al referirse a las funciones de esta institución

 

Hace poco que el Relacionador Público de la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros, durante una charla, quiso justificar lo inaceptable, como es el caso de que cada día aparecen nuevas noticias que dan cuenta de muertes y asesinatos en que están involucrados directamente miembros de la P.N. o de otras instituciones armadas, como son los de las FF.AA., arguyendo falazmente, dicho alto oficial, lleno de sarcasmo y cinismo, que “imagínese, qué se puede esperar de un analfabeto e ignorante al que se le pone un arma mortífera en la cintura”.

Sin embargo, fue nada menos que el llamado Director del Instituto de los Derechos Humanos de la P.N., el General Pérez Sánchez, quien confesó, apenas el lunes 5 del presente mes de agosto, que había que estar claro y no confundirse en que el derecho más importante para la P.N. era, específica y concretamente, el derecho de quienes invertían en el país, esto es de los capitalistas explotadores. Estas preciosas confesiones hechas por un genízaro de tan altísimo rango policial, vienen a corroborar nuestra convicción inequívoca de que la P.N. y los cuerpos armados tienen en su contenido un sustancial porcentaje de mercenarismo real, que pretenden encubrir con melifluas palabrejas de defensa del orden público, aplicación de la ley, etc.

Es lo que dice -confesándose- el general Pérez Sánchez, de que la P.N. está para servir a los capitalistas explotadores, sin importarle la suerte ni las condiciones reales de la población, lo que empuja a los agentes policiales a verse involucrados sistemáticamente en hechos sangrientos, de los que se informa por la prensa de madera casi cotidiana.

Es la práctica represiva, abusiva y transgresora de los derechos democráticos y humanos, hasta como dominicanos, en que se empeñan en involucrar a la P.N., lo que hace que sus miembros -que ciertamente carecen de ilustración- cometan las atrocidades a que hacemos mención.

Y, por cierto, son sus altos oficiales, como se confirma en el caso del relacionador público de Santiago de los Caballeros o del general Pérez Sánchez en Santo Domingo, en los que se presume una relativa preparación, los que se dedican a justificar la desaprensiva conducta de la institución, como se corrobora tanto en los dos casos mencionados, como en la complicidad de la Jefatura policial en la violación sexual de la ciudadana Elizabeth Martínez, que hoy se siente amenazada por haber denunciado el abuso de que fue objeto en el mismo Palacio central de la P.N., por un coronel de dicha institución.

 

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