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Gobierno Rafael Hipólito Mejía,
Superintendencia Electricidad y Corporación Dominicana Electricidad son
agentes descarados de las distribuidoras, por lo que éstas hacen y
deshacen sin control ni medimiento La población está en pleno derecho de
protestar por todos los medios a su alcance ante grosera forma en que es
expoliada y abusada por los agentes monopolistas y sus lacayos redomados De todo lo que se ha dado a conocer para la opinión pública
respecto a la llamada crisis energética, a las negociaciones o entendidos
entre el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y las distribuidoras, así
como de las plantas productoras de energía eléctrica, sólo ha venido
quedando en claro que las distribuidoras gozan de absoluta impunidad, que
actúan como juez y parte haciendo lo que les da la gana, cometiendo todo
tipo de abusos y atropellos, no sólo en cuanto a los cortes de
electricidad con carácter masivo para zonas, barrios y áreas, sino también
en lo concerniente a las facturaciones y multas a los clientes de esas
leoninas empresas del ramo eléctrico. En
forma desaprensiva y deliberada, el sirviente o muchacho de mandados de la
casa de Rafael Hipólito Mejía, colocado por éste en la administración
de la CDE, nos referimos al señor César Sánchez,. declaró que, por su
parte, ya habían concluido los acuerdos del gobierno con las productoras
de energía eléctrica, pero no habiendo tocado el asunto de las
distribuidoras y los consumidores de electricidad, esto es, la relación
entre los pulpos monopolistas extranjeros Edenorte, Edesur y Edeeste, de
un lado, con la población del otro lado, que, a nadie le quepa duda, es
el asunto más álgido y peligroso para el pueblo de la cuestión energética
o de electricidad. Que
las distribuidoras se jacten, utilizando una burocracia compuesta por
dominicanos y dominicanas desalmados y prostituidos que le sirven lacayuna
y servilmente, así como unos cuantos delincuentes, a los que llaman sus
inspectores, para justificar sus intereses -los de la empresa- imponiéndoles
facturas hasta de 5 mil pesos a casas de familia con apenas dos bombillos
e imponiéndoles tarifa comercial por objetos eléctricos que en la
vivienda estén almacenados y sin funcionamiento alguno, es cosa común y
corriente. En
la zona de Villa Carmen hay un delincuente inspector de apellido Ruiz que
un día la población tendrá que darle su justo merecido. Abundan
los casos en que Edesur, Edeeste o Edenorte hacen firmar a ancianos
documentos autoacusándose de tener fraude en su vivienda. Esto es común
y corriente tal y como se
comprobó con los recientes desafueros de sas distribuidoras en la zona
capitalina de Gazcue. Las
distribuidoras montan contadores sin la supervisión de DIGENOR, con lo
que violan la ley. Se trata de aparatos de segunda mano, que habiendo
cumplido su vida útil, son reparados por las distribuidoras e instalados
sin el visto bueno de DIGENOR. Esos
aparatos se desbocan ten pronto baja el voltaje, y como el gobierno y el
sirviente de la casa de Rafael Hipólito Mejía, es decir, César Sánchez
el nombrado flamante administrador de la Corporación Dominicana de
Electricidad, son sobornados por las distribuidoras, éstas hacen y
deshacen a su antojo. El
papel del gobierno, de la Superintendencia de Electricidad y de la CDE es
en realidad servir de agentes descarados de las distribuidoras. La población
está en pleno derecho de protestar por todos los medios a su alcance por
la grosera forma en que es expoliada y abusada por los agentes
monopolistas y lacayos redomados del gobierno que encabeza Rafael Hipólito
Mejía.
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