El Cardenal impulsa instigando campaña terrorista y criminal de la Policía Nacional y su Jefatura en violación Constitución y leyes

 

La incompetencia moral para la P.N. combatir eficazmente y dentro del marco de la ley la delincuencia se desprende, en primer lugar, de la naturaleza delictiva y de oposición a la institucionalización de la ley y de la justicia de parte de la P.N. y en particular, tanto del cargo de Jefe de la P.N. como de la Jefatura de la misma.

Habiendo adquirido la P.N. desde su creación, lo cual se acentuaría y diversificaría a lo largo de los últimos 45 años, un carácter de institución de conculcamiento de los derechos humanos, de implementación de los abusos, de instrumento ciego para los distintos gobiernos apalear a la población y oprimirla policialmente, violando los derechos políticos y sociales democráticos, como los derechos humanos, aún y a pesar de estar éstos consagrados en las constituciones a favor de la población, la P.N. se ha instituido como órgano para la violación de la ley y, por lo tanto, para el favorecimiento de la delincuencia y el crimen.

Cuando el Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez desplegó desde el 1996 su campaña para las ejecuciones y fusilamientos policiales bajo la consigna de mano dura contra la delincuencia marginal, la cual encontró como vocero principalmente a Radhamés Gómez Pepín (el criminal Jack el Destripador), lo que es un hecho ultracomprobado, nosotros advertimos y denunciamos que esa campaña de mano dura era de carácter fascista, que lejos de contribuir a solucionar el problema y lograr un control de la delincuencia marginal, conllevaría a su estímulo e incremento, ya que con dicha campaña de los fusilamientos policiales se estarían instituyendo las actuaciones de la P.N. en el marco de la delincuencia y a los policías en delincuentes, y que eso lo propiciaban el Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, la Iglesia Católica-Vaticanista y Radhamés Gómez Pepín (el criminal Jack el Destripador), por el hecho de que ellos responden a sectores que tradicionalmente han vivido y se han beneficiado de la entronización en la dirección y actuación de las instituciones del Estado, esto es, de las autoridades, de métodos reñidos con el orden legal, constitucional y jurídico que hacen y definen la estructuración de un ambiente de Estado de Derecho.

Las actuaciones extrajudiciales y antisociales en que se ahoga la P.N. se han acentuado a partir de que en los 9 años últimos ha predominado la arbitrariedad de la ley de la selva de la mano dura del Cardenal y Radhamés Gómez Pepín (el criminal Jack el Destripador).

Los excesos de abusos en que ya por inercia incurre la P.N. son de tal magnitud que hasta la Embajada yanqui, que es una de sus auspiciadoras, ha tenido que protestar.

Y el Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, con todo cinismo y haciéndose el desentendido o el loco, como se dice, declara que desconoce el por qué de los escándalos de los crímenes policiales junto a la participación de esta P.N. en la comisión de delitos y en la estimulación y preparación de los mismos.

El Jefe de la P.N., Manuel de Jesús Pérez Sánchez, se ha evidenciado como un hombre no confiable, que es capaz de decir lo primero que se le ocurra para preservarse en el puesto que tiene, y que como tal habla mentiras, engaña y está comprometido con los círculos de Poder, de los que emana la delincuencia de gran calaje.

Que más del 85% de los miembros de la P.N. están al servicio de comerciantes; de empresarios y finqueros, muchos ex-altos oficiales policiales y militares, es un hecho que explica en gran medida su involucramiento en actos a favor de particulares en contra de la sociedad y vulnerando el orden jurídico. Esta situación que, como se recordará, Candelier la mencionó pero al recibir como regalo la villa de Casa de Campo por aquellos 20 y tantos millones, ahí mismito se calló la boca y se olvidó del asunto.

Eso sigue igual en un grado mucho mayor por lo cual vuelve al problema peor.

 

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