Evidencia hospitales públicos privatizados se han dedicado a almacenar enfermos y cobrar caro mínimos y precarios servicios

En su reunión anual efectuada en Washington, de la Organización Panamericana de la Salud, dependencia de la ONU, hubo lo que se puede decir un verdadero escándalo por el desastre y la irresponsabilidad del gobierno, tanto de éste como del anterior y del otro del actual presidente Leonel Antonio Fernández Reyna, respecto a la salud pública, que implica la existencia de verdaderos hospitales públicos que han sido desarticulados y sustituidos por instituciones privadas que, huérfanas de recursos, ya que el gobierno se niega a aportarlos para complacer los dictados y órdenes del imperio-capitalismo mundial y sus verdugos financieros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y sobre todo del Fondo Monetario Internacional (FMI), son verdaderos antros de pedigüeños destinados a almacenar enfermos, pero aún así donde la población, aunque no tenga ni con qué caerse muerta, tiene que pagar desde la consulta hasta la compra del mertiolé, la jeringuilla, el algodón, la gasa y el esparadrapo o lo que sea, y por igual los análisis y exámenes y hasta el agua que solicite para beber y apaciguar la sed.

Esta deplorable y fatal situación que el gobierno de Leonel Antonio Fernández Reyna le ha echado encima a lo que fueron los centros de atención médica para la población, llamados una vez hospitales públicos, todo lo cual se engendra con la privatización del servicio de salud pública y de los hospitales, según el programa neoliberal y globalizado acogido por el gobierno de Leonel Antonio Fernández Reyna en su primer período del ’96 al 2000 y proseguido indolentemente por el que lo sustituyó del Perrodé, con Rafael Hipólito Mejía y sus pepegatos a la cabeza del 2000 al 2004.

Así como es de ilustrativa de lo poco o nada que a estos gobiernos neoliberales y genuflexos ante los consorcios monopolistas, que son los que componen el imperialismo, les importa la atención y solución de los problemas más acuciantes y vitales para la población trabajadora del campo y la ciudad, no deja de servir como fuente aleccionadora y educativa, por contraste, de que, en tanto dichos gobiernos, como el actual de Leonel Antonio Fernández Reyna y los pálidos pelegatos, no tienen control, miramientos ni muchos comedimientos para desparramarse obsequiosamente aportando multimillonarias sumas de dinero de los fondos públicos o estatales tanto a la Iglesia Católica-Vaticano, C. x A., como a los capitalistas y especuladores de la peor laya, a costa de la desgracia y el sufrimiento de las masas del pueblo y del país, a las que cada vez hacen más pobres y les acrecientan las miserias, o bien las saquean despiadadamente.

De esto que aquí afirmamos y acusamos en forma categórica y concluyente a estos gobernantes anti-populares y anti-nacionales neoliberales y lacayos de los peores círculos de explotadores de pueblos y países, como son los EE.UU. y su gobierno actual de George W. Bush, abundan y sobran los ejemplos. Pero hay dos, sobre todo dos, que dan a entender que cualquier juicio crítico o acusatorio de perversa depravación por parte de estos gobiernos, como el actual, se quedan chiquitos y cortos ante el monstruoso crimen que en forma aberrada llevan a cabo.

Resalta que a ese honorable zángano que es el Cardenal y a su Arzobispado de Santo Domingo, mensualmente el gobierno actual, igual que el otro, le entrega en subsidio 30 millones de pesos para la Plaza de la Salud, que fuera costeada en su construcción y mantenimiento de un todo por el Estado dominicano, mientras que a los casi 10 hospitales públicos que existen sólo en la Capital, en conjunto y por todo el gobierno le asigna un subsidio que apenas alcanza los 7 u 8 millones de pesos al mes.

Y además esa Plaza de la Salud es tan o más cara que cualquier clínica privada de lujo por consultas, por análisis, exámenes y tratamiento.

Por ejemplo, un examen de tiroides que se llama gammagrafía cuesta en la Plaza de la Salud 2,100 pesos, mientras que en el Oncológico le cuesta a las gentes 2,070 pesos. Pero el subsidio del Oncológico es de apenas 800,000 pesos al mes y no los 30 millones de pesos sin otros, que le aporta a la Plaza de la Salud regularmente el gobierno central dominicano, para la exclusividad sagrada y divina del cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez.

El otro ejemplo que resulta tan ilustrativo y explícito es que Leonel Antonio Fernández Reyna y su escudero, el gángster comprobado Dañino Medina, alias Murmullo, idearon como forma de soborno y corrupción, aportar 25 millones de dólares al negocio privado llamado Hospital Metropolitano de Santiago, además de los 8 millones de dólares y otros 5 que el mismo Leonel Antonio Fernández Reyna le entregara al dichoso Josesito Hazim para los mismos fines de ser invertidos en el Home privado santiaguero, al que concurre como accionista mayoritaria la Iglesia Católica-Vaticano.

Los expertos científicos y planificadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sección de la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo general para esa esfera de la ONU, resumieron su pavor concluyendo que los gobiernos dominicanos, y en particular éste de Leonel Antonio Fernández Reyna, no invierten en salud pública ni en hospitales ni en medicamentos ni en médicos capacitados y especializados, que lo poco que aporta, para guardar las apariencias y por lo cual el cacareo es un millón de veces más grande que el huevo que pone, lo hace sin plan e incluso, como lo demuestra la práctica, es con el fin de fomentar la corrupción, como ocurre con Alexis Medina y Henry Sarraf, que adquieren equipo obsoleto, viejo e inservible en el mercado de chatarras y se lo encaquetan a los hospitales públicos como nuevos y supuestamente en pleno funcionamiento.

No es ya sólo nosotros que denunciamos el abandono y el desastre imperante en el sector salud pública, haciendo énfasis en el sector de los hospitales públicos, sino que es la OPS el que tiene que denunciar la tragedia que padecen los dominicanos por culpa de los gobiernos lacayos y títeres de los consorcios monopolistas, como es el caso del actual que encabeza Leonel Antonio Fernández Reyna.