EN CASOS ADOLFO SALOMON Y ROBO EXPEDIENTE PEDOFILIA IGLESIA CATOLICA EN CORTE SAN PEDRO DE MACORIS

Se comprueba ingerencia predominante de la transnacional del opio religioso sobre la autodeterminación y soberanía del Estado dominicano

Si lo del Secretario de las FF.AA., arrojando lodo e ignominia sobre la imagen que éstas deberían tener (por ser el órgano fundamental del Estado nacional), al convertirse en un lleva y trae o chivato, para inducir a las FF.AA. al vergonzoso papel a que las redujo el dictador Trujillo, cuando envía carta instigando para la represalia-cancelación del periodista Adolfo Salomón, que no había hecho otra cosa que, actuando con toda libertad y entereza, en aras de informar asuntos de interés y no fiambres, preguntarle al llamado Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, alias el Cardenal, sobre el problema del desbordamiento incontenible de la homosexualidad y la pedofilia hacia el seno de la Iglesia Católica-Vaticano, lo que ha terminado por resaltar en todo su colorido la contraposición del yugo que significa la injerencia predominante de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y en la vida nacional, con la insoslayable demanda de democracia y laicidad (como sustancia de la modernidad), no menos aleccionador y con el mismo contenido resulta lo de que, en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís se desapareciera el importantísimo expediente del caso de las violaciones de más de 200 niños, de 5 a 13 años de edad, su prostitución y bestialización, mientras se encontraban hospedados en el asilo de menores en San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia; hechos bochornosos que involucran a la Iglesia Católica y a su hoy Presidente del Episcopado Dominicano, Benito De la Rosa Carpio, que ahora es obispo de la Diócesis de Santiago de los Caballeros, ya que las masivas violaciones y actos de homosexualidad contra esos centenares de niños se llevaron a cabo durante casi una década en el mencionado orfelinato, cuya dirección la ocupaban monjas y sacerdotes católicos, como parte de las responsabilidades y labores de la Diócesis de La Altagracia (Higüey), que era encabezada por el nombrado Benito de la Rosa Carpio.

La Iglesia Católica no sólo que no está en condiciones de impartir lecciones de moralidad al Estado ni a la sociedad dominicana, como tampoco a su población, una vez que sus legiones de componentes, que son los sacerdotes, obispos, diáconos, monseñores y cardenales, son una colección viviente de las miserias humanas, vicios y aberraciones de toda índole en las que abundan todo tipo de lacras de la más repugnante especie, sino que lo más grave es que, si auspicia la Iglesia Católica esos estupros, prostitución y bestialización en su casa de huérfanos, después de haber quemado, mediante un atroz y monstruoso incendio la Cárcel de Higüey, resultando muertos otros 200 más o menos reclusos (lo que tiene todos los rasgos de un crimen fríamente calculado con la finalidad de eliminar testigos del episodio de las violaciones y demás ya mencionado), y ahora la desaparición, a todas luces deliberada y planificada, en la misma Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del expediente, obteniéndose hoy día como única respuesta las más despectivas expresiones, como la de: “Un secretario tiró el expediente en un cajón y el mismo no ha vuelto a aparecer más”, cabe preguntarse, ¿y cuál es la naturaleza de la composición de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, sobre sus jueces y el Procurador Fiscal de la misma?

La respuesta deja frío a cualquiera y la misma sólo conlleva a poner de relieve en toda su magnitud descomunal y escandalosa que esa Corte de Apelación es una instancia prácticamente de un tribunal eclesiástico, que es el mismo que se prestó para canalizar la chicana, o sea, la falaz y sucia como baja estratagema anti-jurídica empleada por la Iglesia Católica, bajo la dirección del mismo sujeto repugnante que es el tal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, con la finalidad de impedir que se conociera el caso que envuelve al obispo haitiano Francisco Ozoriá, así como al rufián sacerdote anti-dominicano Christopher Hartley, argumentando recusación de un tribunal por falta de seguridad del mismo, figura ésta prácticamente inexistente en el derecho dominicano.

La Iglesia Católica y su odiosa injerencia que le facilita el Concordato, a la vez que le garantiza ser parásita y usurpadora de la soberanía estatal y cercenar la autodeterminación y libre elección del pueblo, que castra además el valor del sufragio electoral, se hacen cada vez más chocantes con la demanda de la hora actual de modernidad, que es la separación del Estado secular (de la sociedad) de la Iglesia y las religiones, cada quien en lo suyo.

Donde quiera que la Iglesia Católica y sus curas tienen metidas sus manos y sus prácticas, situación que ocurre a todos los niveles e instancias del Estado, no hay garantía de seriedad, honestidad ni de dignidad estatal ni nacional, por lo que a cada paso se reafirma la necesidad de acabar con la vigencia y subyugamiento del Estado por parte de la Iglesia Católica-Vaticano por medio de que el Estado reivindique su libertad y soberanía interna, que están consignadas en la Constitución actual, en su Artículo 3.